Hay más de 5 millones de ciudadanos
españoles en situación de paro, lo que, además de los propios españolitos, lo
saben también los alemanes, los franceses, los italianos, los finlandeses, los
estadounidenses y hasta los nigerianos, que ya es decir.
Los bolsillos de los españoles de a pié han entrado en la fase de “cuarto
menguante”, consecuencia de la reducción o la pérdida de su salario habitual,
la casi desaparición de diversas prestaciones sociales, o la pérdida de sus
ahorros de muchos años adquiriendo las “participaciones preferentes” que las
Cajas de Ahorro pusieron en el escenario financiero español, invitando e
incitando a los pequeños ahorradores, aprovechando ese grado de confianza que
se crea siempre entre el depositante y su gestor o amigo bancario.
Esto, unido al mayor costo de los
productos a adquirir, consecuencia, entre otros, del incremento del IVA o el
IGIC que paga por igual todo hijo de vecino que, como impuesto indirecto, no se
aplica en función de las ganancias de cada ciudadano, sino sobre las compras de
bienes y servicios que realice cualquier familia—las de arriba y las de abajo—,
a la hora de adquirir lechugas, o aspirinas, o pañales, o bien utilizar los
servicios funerarios para un familiar que fallece. Lo cierto es que el país se
empobrece de día en día.
Este esfuerzo, sin embargo, no lo
realizan absolutamente todos los españoles. Al menos hasta hoy han quedado
intocables, bien salvaguardados, los bolsillos de los representantes del
pueblo, es decir de la clase política.
Un simple ejemplo: El Senado. Esta
institución, de representación territorial—según parece—, la componen 259
miembros políticos. En números absolutos, es el
mayor de todos los Estados que conforman la Unión Europea, sea cual fuere su
población. Tal cifra supone una media de 15,24 Senadores por Autonomía. Pienso
que una media de 7 Senadores sería más que suficiente, lo que supondría un ahorro de dinero público equivalente al
costo actual de 140 Senadores (sueldos, dietas, viajes, alojamientos, comidas,
etc.), que ya es una cifra importante para reducir el déficit presupuestario.
Otro
ejemplo: La Cámara Baja o Congreso de los Diputados. Al igual que en el Senado,
de cada partido político, siendo miembros de la Cámara, trabajan unos pocos,
menos aún son los oradores, y el resto sólo sirven para hacer bulto, aplaudir a
los compañeros oradores y votar
disciplinadamente. Como puede pensar cualquier ciudadano—y yo me incluyo—,si se
redujese el número de Congresistas a la mitad, con 175 representantes del
pueblo se podría hacer lo mismo que hoy se hace pues, fuere el número que
fuere, el dato porcentual, que es lo importante, no cambia. ¿En cuánto se
reduciría el endeudamiento del Estado?
Modificar la composición de ambas Cámaras
no es un sueño, está simplemente en la
voluntad de los partidos políticos. Todos ellos, por igual, dicen
constantemente que hay que trabajar en beneficio de los españoles. Háganlo.
Si por extensión hablamos de las Comunidades Autónomas, de las
Diputaciones Provinciales, de los Cabildos Insulares canarios y de los
Ayuntamientos del país, ¿cuánto dinero público podría ahorrarse reduciendo el
número de miembros de sus cámaras?
No olvidemos, por último, que en España
existen, en junto, bastante más “asesores” que representantes políticos
departamentales. ¿Es que con un solo asesor por representante político no funcionan debidamente los diversos
departamentos?
¿Acaso alguien es capaz de afirmar que
las reducciones citadas incrementarían el paro y es por eso por lo que nada se
toca? Quisiera ver quien tira la primera piedra con tal afirmación.
Los
medios informativos, conocidos como el cuarto poder, continúan utilizando cada
día términos que han sumido a los ciudadanos en permanente desazón e inquietud
con tanta palabreja tan de moda como burbuja inmobiliaria, hipoteca subprime, crisis, prima de riesgo, rescate soberano,
rescate financiero, línea de crédito, secuestro, activos tóxicos, Bruselas,
troika, hombres de negro y algunas más que por feas no las nombro. Haciendo un
aparte con los políticos y el quinto poder (el financiero), muy pocos
ciudadanos tienen verdadero conocimiento de lo que significa esa sopa de letras.
Muchos amigos míos me preguntan qué
pasaría si España decidiese volver a la peseta, evaluándola o devaluándola a
conveniencia de nuestro país, sin previa autorización de nadie. Yo les he dicho
que marcharnos de la zona Euro pondría en tal apuro a la Unión Europea, al
Banco Central Europeo y a su jefa, la Sra. Merkel, que a buen seguro cambiaría
absolutamente todo el condicionado que se le quiere imponer a España, por pedigüeña. A lo que parece, España ha perdido
su capacidad de pensar. Sólo obedece, que es más cómodo y menos impopular para
el que manda.
Haciendo un poco de historia, en
innumerables ocasiones oí decir a un ex Presidente del Gobierno aquella
expresión de que ¡España va bien! Era la época en que con la nueva Ley del
Suelo de 1998 se puso en marcha con gran empuje el llamado “ladrillazo”,
acompañado de la activísima participación de las entidades financieras—principalmente
las Cajas de Ahorro, cuyos Consejos de Administración estaban en manos de los
políticos de turno—, que llegaron incluso hasta ofertar préstamos por cifras
superiores al 100% del costo de la vivienda que se pretendía adquirir, sin más garantía de cobro que la real del propio
inmueble.
Con tanta voracidad, las entidades
crediticias ganaron y contabilizaron ingentes cantidades de dinero. Y así
llegamos, como se podía esperar simplemente escuchando la teoría de los ciclos,
a la situación de que ¡España va mal!
A consecuencia del impago de tanto
crédito hipotecario, unido a las altas remuneraciones de las cúpulas de muchas
entidades financieras, sus activos se
han vaciado de dinero y se han llenado de inmuebles que, además, no han sido
debida y obligatoriamente provisionados, con lo que los balances figuran
ciertamente inflados. Y ahora, ¿qué hacen estas entidades? Pedir buenos chorros
de dinero al Banco Central Europeo, vía
Moncloa.
Este desastre financiero se inició en los
Estados Unidos de América, y la historia nos dice que cuando ese país tose, el mundo entero contrae la gripe. Es preciso,
pues, correr para diagnosticar y dosificar los medicamentos antes que lleguen
las fiebres altas.
Según nuestra Constitución, toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. A su vez, nos dice
que el trabajo es también una obligación social.
A partir de aquí recuerdo lo que hicieron
los ascendientes de la Sra. Merkel en
los años 1945 y siguientes, una vez concluida la segunda guerra mundial, lo que
se llamó el “milagro alemán”, que consistió en que, además de la ayuda
estadounidense del celebérrimo ”Plan Marshall”, todos los alemanes, en un
intento de reconstruir su país, esquilmados los medios productivos y pululando
el hambre y la miseria por doquier, trabajaron de forma gratuita para generar
producción y sacar al país adelante, unos porque estaban en paro, y otros, con
empleo, lo hicieron al margen de su jornada laboral, ya de por sí muy precaria.
El escenario español presenta hoy
situaciones parecidas, con más de 5 millones de actores en paro y millones de
actores con salarios recortados, unido al miedo a perder el empleo. Otro número
de actores, como ya vimos, continúa alimentando al déficit público.
Todo el mundo sabe que desde que se
inventó la palabrita “globalización”, que fonéticamente es preciosa, el efecto
ha sido el de dejar en manos de unos pocos manejar a su antojo la “economía del
papel”, es decir la Bolsa, que sube y baja a diario según las decisiones
diarias de esos pocos. Y el poder político en silencio.
El
tejido productivo, sin embargo, y como tal, tan afianzado en España—operado
básicamente por las pymes—,ha ido desapareciendo del escenario económico. La
reducción del consumo interior, la práctica ausencia de la incentivación
fiscal, la carestía de los medios financieros, ciertos apuntes de la Reforma
Laboral y un etcétera que no menciono, han provocado el cierre de muchas pymes
y, consecuentemente, el desempleo, que cuesta mucho dinero al erario público.
Me pregunto, ¿qué cuesta más dinero, pagar el desempleo o incentivar a las
empresas para que mantengan el empleo? ¿Alguien ha hecho estas cuentas? Porque
si el paro baja, la credibilidad exterior sube, la inversión exterior crece, la tributación engorda. Y esto es un
axioma irrefutable.
El poder ejecutivo nos repite una y mil
veces el sofisma de que lo que está legislando es bueno para los españoles.
¿Para quién? Para los más débiles, NO. Yo sí creo en la tan cacareada expresión de
que “España somos todos”, pero TODOS.
Con esta afirmación, y volviendo al paro
obrero, es dable decir que los ciudadanos que afortunadamente mantienen su
empleo, no precisamente digno y justo, están aportando al cajón público un
dinero que se destina, entre otros asuntos, a pagar el desempleo.
Los desempleados, generalizando, aun
percibiendo un ingreso procedente de la pensión del paro obrero—raquítica y
condicionada en el tiempo—, cruzan el día a día sin nada que hacer, hastiados
de sentirse impotentes y hartos del tedio,
la desesperanza y el desencanto que les consume. He hablado con muchos parados
y la inmensa mayoría me han asegurado que volverían a SENTIRSE PERSONAS si
pudieran desarrollar cualquier tipo de actividad acorde con sus conocimientos,
es decir, estando activos.
Cualquier empresario conoce que de los
diversos elementos que conforman el costo de producción, el concepto más importante es el del recurso
humano, es decir el gasto de personal, que, en general, supera el 50% del citado costo.
¿Cómo vería la ciudadanía española que
los actuales desempleados, que cobran el subsidio de paro obrero, trabajasen,
como contraprestación de ese subsidio, 15 horas semanales, con cierto diferencial
salarial a cargo de la Empresa, procedente de incentivos fiscales, sin que ello
suponga la pérdida del puesto de trabajo de NINGUNO de los actuales empleados? ¿Hablaríamos
del “milagro español”?
Creo que hablamos de pura SOLIDARIDAD de
los españoles para, juntos, enriquecer la economía del país. Y si
enriquecemos la economía es seguro que luego se creará empleo para los actuales
desempleados. Todo el mundo sabe que si la economía funciona, el paro se
reduce. La historia nos dice que esas son las reglas del juego en las economías
de capital, como es la nuestra. El ejecutivo nos habla continuamente de la
necesidad de crear empleo. Pero nada ha dicho de cómo, previamente, impulsar la
economía.
Y centrando la respuesta en tres
segmentos de población, ¿qué opinarían las
cúpulas sindicales, empresariales y la clase política? Como ya dijo el Sr. Shakespeare, that is the
question.
La puesta en marcha de estas reflexiones,
si fueren consideradas válidas por los
diversos agentes sociales, quedaría en manos del poder legislativo, a
iniciativa del poder ejecutivo, dictando la correspondiente normativa, que no
es simple, incluyendo, entre otras, la reforma de la Carta Magna, de los
Estatutos Autonómicos, de las leyes electorales, etc. hasta redactar la norma
adecuada—imposibilitando la picardía de algunos empresarios listillos—, para la
adscripción especial de desempleados en las Empresas, que deberán producir
riqueza y, en consecuencia, se creará nuevo empleo, crecerá el consumo interior
y se incrementarán los ingresos del Estado por una mayor tributación, aun
incentivando a las Empresas. ¿Facilitaría las cosas la reducción de la jornada
de trabajo semanal? En pura lógica, SÍ.
Termino diciendo que el deudor de las
posibles ayudas dinerarias europeas, de
las que tanto se habla, debe ser el conjunto de las entidades financieras
españolas que las reciban, y no el Estado. Éste debería, en todo caso,
constituirse en avalista de las Pymes españolas que necesiten créditos para entrar de nuevo en producción con la
adscripción de los desempleados citados. Entre otros estadios, existe mucha infraestructura
pública paralizada.
Óscar Gutiérrez Ojeda
Las Palmas
de Gran Canaria, Agosto de 2012
Este artículo fue publicado en el
periódico La Provincia el 10 SEP
2012
