¿SE PUEDE SALIR DEL BACHE?

         Hay más de 5 millones de ciudadanos españoles en situación de paro, lo que, además de los propios españolitos, lo saben también los alemanes, los franceses, los italianos, los finlandeses, los estadounidenses y hasta los nigerianos, que ya es decir.

Los bolsillos de los españoles  de a pié han entrado en la fase de “cuarto menguante”, consecuencia de la reducción o la pérdida de su salario habitual, la casi desaparición de diversas prestaciones sociales, o la pérdida de sus ahorros de muchos años adquiriendo las “participaciones preferentes” que las Cajas de Ahorro pusieron en el escenario financiero español, invitando e incitando a los pequeños ahorradores, aprovechando ese grado de confianza que se crea siempre entre el depositante y su gestor o amigo bancario.

Esto, unido al mayor costo de los productos a adquirir, consecuencia, entre otros, del incremento del IVA o el IGIC que paga por igual todo hijo de vecino que, como impuesto indirecto, no se aplica en función de las ganancias de cada ciudadano, sino sobre las compras de bienes y servicios que realice cualquier familia—las de arriba y las de abajo—, a la hora de adquirir lechugas, o aspirinas, o pañales, o bien utilizar los servicios funerarios para un familiar que fallece. Lo cierto es que el país se empobrece de día en día.

Este esfuerzo, sin embargo, no lo realizan absolutamente todos los españoles. Al menos hasta hoy han quedado intocables, bien salvaguardados, los bolsillos de los representantes del pueblo, es decir de  la clase política.

Un simple ejemplo: El Senado. Esta institución, de representación territorial—según parece—, la componen 259 miembros políticos. En números absolutos,  es  el mayor de todos los Estados que conforman la Unión Europea, sea cual fuere su población. Tal cifra supone una media de 15,24 Senadores por Autonomía. Pienso que una media de 7 Senadores sería más que suficiente, lo que supondría  un ahorro de dinero público equivalente al costo actual de 140 Senadores (sueldos, dietas, viajes, alojamientos, comidas, etc.), que ya es una cifra importante para reducir el  déficit presupuestario.

 Otro ejemplo: La Cámara Baja o Congreso de los Diputados. Al igual que en el Senado, de cada partido político, siendo miembros de la Cámara, trabajan unos pocos, menos aún son los oradores, y el resto sólo sirven para hacer bulto, aplaudir a los compañeros oradores  y votar disciplinadamente. Como puede pensar cualquier ciudadano—y yo me incluyo—,si se redujese el número de Congresistas a la mitad, con 175 representantes del pueblo se podría hacer lo mismo que hoy se hace pues, fuere el número que fuere, el dato porcentual, que es lo importante, no cambia. ¿En cuánto se reduciría el endeudamiento del Estado?

Modificar la composición de ambas Cámaras  no es un sueño, está simplemente en la voluntad de los partidos políticos. Todos ellos, por igual, dicen constantemente que hay que trabajar en beneficio de los españoles. Háganlo.

Si por extensión hablamos  de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones Provinciales, de los Cabildos Insulares canarios y de los Ayuntamientos del país, ¿cuánto dinero público podría ahorrarse reduciendo el número de miembros de sus cámaras?

No olvidemos, por último, que en España existen, en junto, bastante más “asesores” que representantes políticos departamentales. ¿Es que con un solo asesor por representante político no  funcionan debidamente los diversos departamentos?

¿Acaso alguien es capaz de afirmar que las reducciones citadas incrementarían el paro y es por eso por lo que nada se toca? Quisiera ver quien tira la primera piedra con tal afirmación.

 Los medios informativos, conocidos como el cuarto poder, continúan utilizando cada día términos que han sumido a los ciudadanos en permanente desazón e inquietud con tanta palabreja tan de moda como burbuja inmobiliaria, hipoteca subprime,  crisis, prima de riesgo, rescate soberano, rescate financiero, línea de crédito, secuestro, activos tóxicos, Bruselas, troika, hombres de negro y algunas más que por feas no las nombro. Haciendo un aparte con los políticos y el quinto poder (el financiero), muy pocos ciudadanos tienen verdadero conocimiento de lo que significa  esa sopa de letras.

Muchos amigos míos me preguntan qué pasaría si España decidiese volver a la peseta, evaluándola o devaluándola a conveniencia de nuestro país, sin previa autorización de nadie. Yo les he dicho que marcharnos de la zona Euro pondría en tal apuro a la Unión Europea, al Banco Central Europeo y a su jefa, la Sra. Merkel, que a buen seguro cambiaría absolutamente todo el condicionado que se le quiere imponer a España, por  pedigüeña. A lo que parece, España ha perdido su capacidad de pensar. Sólo obedece, que es más cómodo y menos impopular para el que manda.

Haciendo un poco de historia, en innumerables ocasiones oí decir a un ex Presidente del Gobierno aquella expresión de que ¡España va bien! Era la época en que con la nueva Ley del Suelo de 1998 se puso en marcha con gran empuje el llamado “ladrillazo”, acompañado de la activísima participación de las entidades financieras—principalmente las Cajas de Ahorro, cuyos Consejos de Administración estaban en manos de los políticos de turno—, que llegaron incluso hasta ofertar préstamos por cifras superiores al 100% del costo de la vivienda que se pretendía adquirir, sin más  garantía de cobro que la real del propio inmueble.

Con tanta voracidad, las entidades crediticias ganaron y contabilizaron ingentes cantidades de dinero. Y así llegamos, como se podía esperar simplemente escuchando la teoría de los ciclos, a la situación de que ¡España va mal!

A consecuencia del impago de tanto crédito hipotecario, unido a las altas remuneraciones de las cúpulas de muchas entidades financieras, sus activos  se han vaciado de dinero y se han llenado de inmuebles que, además, no han sido debida y obligatoriamente provisionados, con lo que los balances figuran ciertamente inflados. Y ahora, ¿qué hacen estas entidades? Pedir buenos chorros de dinero al  Banco Central Europeo, vía Moncloa.

Este desastre financiero se inició en los Estados Unidos de América, y la historia nos dice que cuando ese país tose,  el mundo entero contrae la gripe. Es preciso, pues, correr para diagnosticar y dosificar los medicamentos antes que lleguen las fiebres altas.

Según nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. A su vez, nos dice que el trabajo es también una obligación social.

A partir de aquí recuerdo lo que hicieron los ascendientes de la Sra. Merkel  en los años 1945 y siguientes, una vez concluida la segunda guerra mundial, lo que se llamó el “milagro alemán”, que consistió en que, además de la ayuda estadounidense del celebérrimo ”Plan Marshall”, todos los alemanes, en un intento de reconstruir su país, esquilmados los medios productivos y pululando el hambre y la miseria por doquier, trabajaron de forma gratuita para generar producción y sacar al país adelante, unos porque estaban en paro, y otros, con empleo, lo hicieron al margen de su jornada laboral, ya de por sí muy precaria.

El escenario español presenta hoy situaciones parecidas, con más de 5 millones de actores en paro y millones de actores con salarios recortados, unido al miedo a perder el empleo. Otro número de actores, como ya vimos, continúa alimentando al déficit público.

Todo el mundo sabe que desde que se inventó la palabrita “globalización”, que fonéticamente es preciosa, el efecto ha sido el de dejar en manos de unos pocos manejar a su antojo la “economía del papel”, es decir la Bolsa, que sube y baja a diario según las decisiones diarias de esos pocos. Y el poder político en silencio.

 El tejido productivo, sin embargo, y como tal, tan afianzado en España—operado básicamente por las pymes—,ha ido desapareciendo del escenario económico. La reducción del consumo interior, la práctica ausencia de la incentivación fiscal, la carestía de los medios financieros, ciertos apuntes de la Reforma Laboral y un etcétera que no menciono, han provocado el cierre de muchas pymes y, consecuentemente, el desempleo, que cuesta mucho dinero al erario público. Me pregunto, ¿qué cuesta más dinero, pagar el desempleo o incentivar a las empresas para que mantengan el empleo? ¿Alguien ha hecho estas cuentas? Porque si el paro baja, la credibilidad exterior sube, la inversión exterior  crece, la tributación engorda. Y esto es un axioma irrefutable.

El poder ejecutivo nos repite una y mil veces el sofisma de que lo que está legislando es bueno para los españoles. ¿Para quién? Para los más débiles, NO.  Yo sí creo en la tan cacareada expresión de que “España somos todos”, pero TODOS.

Con esta afirmación, y volviendo al paro obrero, es dable decir que los ciudadanos que afortunadamente mantienen su empleo, no precisamente digno y justo, están aportando al cajón público un dinero que se destina, entre otros asuntos, a pagar el desempleo.

Los desempleados, generalizando, aun percibiendo un ingreso procedente de la pensión del paro obrero—raquítica y condicionada en el tiempo—, cruzan el día a día sin nada que hacer, hastiados de sentirse impotentes  y hartos del tedio, la desesperanza y el desencanto que les consume. He hablado con muchos parados y la inmensa mayoría me han asegurado que volverían a SENTIRSE PERSONAS si pudieran desarrollar cualquier tipo de actividad acorde con sus conocimientos, es decir, estando activos.

Cualquier empresario conoce que de los diversos elementos que conforman el costo de producción,  el concepto más importante es el del recurso humano, es decir el gasto de personal, que, en general, supera el 50%  del citado costo.

¿Cómo vería la ciudadanía española que los actuales desempleados, que cobran el subsidio de paro obrero, trabajasen, como contraprestación de ese subsidio, 15  horas semanales, con cierto diferencial salarial a cargo de la Empresa, procedente de incentivos fiscales, sin que ello suponga la pérdida del puesto de trabajo de NINGUNO de los actuales empleados? ¿Hablaríamos del “milagro español”?

Creo que hablamos de pura SOLIDARIDAD de los españoles para, juntos,   enriquecer la economía del país. Y si enriquecemos la economía es seguro que luego se creará empleo para los actuales desempleados. Todo el mundo sabe que si la economía funciona, el paro se reduce. La historia nos dice que esas son las reglas del juego en las economías de capital, como es la nuestra. El ejecutivo nos habla continuamente de la necesidad de crear empleo. Pero nada ha dicho de cómo, previamente, impulsar la economía.

Y centrando la respuesta en tres segmentos de población, ¿qué opinarían  las cúpulas sindicales, empresariales y la clase política? Como ya dijo el Sr. Shakespeare, that is the question.

La puesta en marcha de estas reflexiones, si fueren consideradas válidas por los  diversos agentes sociales, quedaría en manos del poder legislativo, a iniciativa del poder ejecutivo, dictando la correspondiente normativa, que no es simple, incluyendo, entre otras, la reforma de la Carta Magna, de los Estatutos Autonómicos, de las leyes electorales, etc. hasta redactar la norma adecuada—imposibilitando la picardía de algunos empresarios listillos—, para la adscripción especial de desempleados en las Empresas, que deberán producir riqueza y, en consecuencia, se creará nuevo empleo, crecerá el consumo interior y se incrementarán los ingresos del Estado por una mayor tributación, aun incentivando a las Empresas. ¿Facilitaría las cosas la reducción de la jornada de trabajo semanal? En pura lógica, SÍ.

Termino diciendo que el deudor de las posibles ayudas dinerarias  europeas, de las que tanto se habla, debe ser el conjunto de las entidades financieras españolas que las reciban, y no el Estado. Éste debería, en todo caso, constituirse en avalista de las Pymes españolas que necesiten créditos  para entrar de nuevo en producción con la adscripción de los desempleados citados. Entre otros estadios, existe mucha infraestructura pública paralizada.

                                                      Óscar Gutiérrez Ojeda

                  Las Palmas  de Gran Canaria,  Agosto de 2012

Este artículo fue publicado en el periódico La Provincia el 10 SEP 2012